Poco a poco empieza a comprenderse la gravedad de la situación derivada del ataque de ransomware que sufrió el Ejército el viernes 26 de mayo de 2023, que permitió que miles de archivos secretos fueran robados por parte de la agrupación hacker, Rhysida. 

La organización criminal asegura haber vendido un 70% de los datos a terceros, sin indicar quiénes son estos ni qué contienen. El 30% restante fue liberado para descarga gratuita en la dark web. Interferencia revisó los archivos filtrados encontrando documentos que comprometen la seguridad nacional, pues contienen información como estrategias militares, disposición logística de armamento y tropas, detalles de cuarteles generales, datos privados y sensibles de militares y más, siendo esto solo una pequeñísima fracción del material robado y que está en poder de desconocidos (Lea acá el reportaje). 

Frente a lo informado por esta redacción, el diputado Tomás de Rementería (independiente, miembro de la bancada PS), de la Comisión de Defensa Nacional y la Comisión Control del sistema de Inteligencia del Estado, indicó que "vamos a citar al Ejército para comparecer sobre este tema, sobre estos hackeos". 

En esa misma línea, el diputado explicó que estos documentos pueden exponer a los mismos funcionarios y sus cercanos, ya que entre los archivos revisados por Interferencia figuran direcciones y otros datos personales de militares y sus familias. "Eso es lo primero; la seguridad de las personas y de las familias de quienes ejercen la labor de inteligencia y labores militares". 

En cuanto a los antecedentes de los despliegues logísticos del Ejército en el norte y el sur del país, el diputado dice que es importante señalar que no hay planes de guerra reales, sino que "son situaciones por estado de excepción y situaciones hipotéticas, pero no planes de guerra porque esos no se manejan conectados [a la web]". 

Por otro lado, el Ministerio de Defensa rompió su silencio frente al caso, e informó escuetamente a esta redacción que habrá una nueva reunión del Comité de Ciberseguridad a cargo de la Subsecretaría de Defensa, la cual reúne a oficiales de Ejército, Armada, y Fuerza Aérea, además de miembros del Estado Mayor Conjunto, cuyos nombres son desconocidos para la opinión pública por razones de seguridad. 

Por otra parte, el diputado Johannes Kaiser (independiente, miembro de la bancada de Republicanos), parte de la Comisión de Defensa, indicó a esta redacción que “es un tema que daña a las Fuerzas Armadas y va a requerir una inversión no menor para hacer las modificaciones que sean necesarias, y en ese sentido hay que ver un punto positivo que, como en todas las cosas, uno aprende cometiendo errores”, pero agrega que “no es un tema de que no se hayan hecho los esfuerzos de control o de defensa cibernética, sino que simplemente no existe un 'blindaje' total".

Asimismo, Kaiser señala que no es una situación para sacar réditos políticos, al contrario, sostiene que "este es un tema de Estado, este no es un tema donde uno pueda siquiera sacar réditos políticos del Ejecutivo, esto nos compromete a todos y todos debemos apoyar a la ministra de Defensa y a la Subsecretaría para superar este difícil trance", dijo a Interferencia.

En la misma línea, el diputado indica que una comisión investigadora no daría una solución al problema; "Las comisiones investigadoras entre otras cosas buscan responsabilidades políticas y no sé si nosotros estamos buscando responsabilidades políticas, estamos buscando una solución técnica. Además, las comisiones investigadoras son públicas y esta tendría que ser secreta. Es una tarea que como Comisión de Defensa podemos realizar".

Expertos en defensa y ex autoridades manifestaron con anterioridad a Interferencia su preocupación por la gravedad de los antecedentes filtrados. En opinión de estos, la filtración podría retrasar los planes militares y exponer al país a riesgos de seguridad, esto último ya que los documentos filtrados también revelan operaciones estratégicas en la frontera norte de Chile para controlar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, personas y armas. 

Se mencionan los operativos Jarkaña y Yanapaña, que involucran la colaboración entre el Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para establecer el control fronterizo, con documentos de hasta fines de 2022. Además, se detallan pasos fronterizos ilegales, equipamiento militar, personal y reglas de uso de la fuerza en la zona e, incluso, información personal detallada de funcionarios de la zona. La filtración podría también exponer a los militares a sobornos, atentados y asesinatos, lo que obligaría a rotar al personal con experiencia en ese terreno.

Otro documento destacado en la filtración se refiere a la estrategia del Ejército en caso de una hipotética invasión argentina a la parte chilena de Tierra del Fuego. Aunque se reconoce que las posibilidades de una invasión son bajas, se detalla la planificación, los recursos y las medidas de defensa ante este escenario. También se exponen vulnerabilidades y funcionamiento de la VI División del Ejército, encargada de proteger las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

Fuente: interferencia.cl